Desde la Federación Empresaria del Chubut (FECh) como pymes y dentro de un sector relacionado directamente con el motor del empleo, hemos observado y analizado en profundidad las diferentes reformas que se proponen a través del DNU y la “Ley Omnibus” enviadas por el Gobierno Nacional al Congreso.
Más allá de los matices lógicos que puedan existir, en general acompañamos las decisiones en la búsqueda de los cambios estructurales que permitan transformar nuestro país. Todas las medidas las consideramos necesarias, pero también debemos reparar en que es nuestro deseo es que podamos analizar en conjunto temas relacionados con la geopolítica de la Región que a nuestro entender son de importancia superior a las cuestiones económicas que se pretenden corregir.
Como referimos, estamos de acuerdo con las reformas estructurales, muchas de las cuales son necesarias para una verdadera transformación de políticas públicas que están obsoletas y que se han transformado en un obstáculo para la inversión.
Pero también está en nosotros la preocupación cuando en el intento por desregular algunas actividades se termina atentando contra la soberanía, y sobre todo cuando hablamos de nuestros recursos naturales, como la pesca.
Los gobernadores en esa estructura de bloque que se ayudó a consolidar a través de CAME con las distintas federaciones empresarias de la región, han planteado una postura concreta, donde ponen de manifiesta que el avance sobre el sector pesquero sin contemplar el funcionamiento de la actividad y cómo se regula internamente puede llevar a cometer grandes errores.
Uno de los puntos de mayor polémica reside en que los cambios instrumentados provocan que la descarga de lo que se saca de nuestras aguas ya no tenga que ser de obligada descarga en nuestros puertos. Este punto es esencial, en tanto atenta contra toda una industria, una cadena que nace en el agua, pero que continúa en tierra con las plantas procesadoras y en los caminos con el transporte hacia los puertos.
Por otro lado, la derogación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina o con una residencia de al menos 10 años en el país, también afectaría severamente el empleo en la región, ya que tampoco estarían el trabajo extranjero bajo el mismo convenio colectivo.
No se trata de poner sobre la mesa cuestiones ideológicas, ni mucho menos prejuicios. Sino exponer la realidad del funcionamiento de un sector, donde el cambio drástico de las reglas puede activar un efecto adverso con el sentido contrario al que se desea, con menores inversiones y disminución de las exportaciones, incidiendo directamente en reducción de las divisas que tanto necesita el país.
