Una modificación a la resolución judicial encarece aún más la instancia judicial para las pymes, incorporando mayores costos aún.
Tras el pronunciamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre la nueva modificación a la resolución judicial que encarece los juicios laborales, desde la Federación Empresaria del Chubut mostraron preocupación y alerta.
La entidad empresarial nacional presentó una propuesta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y también dispuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para no dar lugar a la nueva disposición, que fija una tasa de interés elevada y busca una alternativa de mayor razonabilidad.
La FECh expresó que “en el país los juicios laborales se han convertido en una gran empresa para quienes sacan tajada y lucran contra las pymes, es decir contra los mayores generadores de empleo genuino en la Argentina”.
“En Chubut, donde las condiciones de base para la producción ya de por sí son inequitativas con respecto al resto del país por los costos laborales y los límites para la radicación de nuevas industrias, un nuevo encarecimiento con costos provenientes de la empresa del juicio laboral significa la gota que derrama el vaso para nuestras pymes”.
Los empresarios puntualizaron que el nivel de litigiosidad en la provincia es muy elevado e incide de manera directa sobre las posibilidades de sostenimiento, posible ampliación o nuevas inversiones que no terminan de concretarse por falta de seguridad jurídica y en este caso rentabilidad económica.
Agregaron que esta decisión se suma a la falta de adhesión de la provincia a la nueva ley sobre las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, que fuera incorporado en muchos distritos, pero que Chubut decidió dejar de debatir.
La nueva ley de ART establecía la conformación de una Comisión Médica de partes previa a la instancia judicial, que ocasiona millonarios juicios para las empresas que las lleva directamente al quebranto.
La discusión en 2022 con el impulso de diputados de extracción sindicalista no se llegó a dar y también implica costos adicionales confiscatorios, ya que las onerosas sentencias producto de los juicios laborales llevar a que las aseguradoras cobren a las empresas una alícuota que es el doble que en las provincias donde se adhirió a la nueva ley de ART y por lo tanto están a resguardo.
“Bajo este esquema del juicio laboral, no sólo no se van a crear nuevas fuentes de trabajo en la provincia, sino que las empresas van a seguir cayendo como un dominó”, advirtieron en relación al fallo.
Vale decir que el acta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores.
